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Procesos de participación ciudadana que contribuyen a la priorización sobre aspectos puntuales del gasto en los presupuestos, en la Comunidad Autónoma o las entidades locales, con la finalidad de incrementar y mejorar el grado de participación de la ciudadanía.
Su finalidad es que la asignación de gasto se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso participativo en el que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciudadanía, con base en los principios de universalidad y autorreglamentación, y a través de acciones positivas, información, formación y sensibilización.
[Ley 7/2017: Cap. III, Art. 23]
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