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El problema de la conciliación

Las instituciones participativas demandan una base social más o menos amplia de personas dispuestas a involucrarse. En este sentido, los estudios recientes indican que existe una extendida actitud favorable hacia la participación (García-Espín et al., 2017), pero ello no se traduce necesariamente en implicación efectiva (McHugh, 2006). Todos conocemos a personas que ven con buenos ojos la participación y no por ello se animan a involucrarse. Tenemos evidencias sobre la disposición participativa de algunos grupos como los jóvenes, las personas de izquierda, aquellos con estudios académicos, personas con salarios bajos o residentes en ciudades intermedias (Font et al. 2012). Sin embargo, pocas investigaciones afrontan el problema de la disponibilidad: ¿Podemos implicarnos? ¿Realmente nos sobra el tiempo para ello? Una de las tareas pendientes en materia de participación es abordar el problema de la conciliación de la vida laboral, familiar, personal y… también participativa.

Cuando evaluamos los mecanismos de participación, ¿tenemos en cuenta lo difícil que resulta comprometerse en el marco de jornadas laborales de 8 horas, desplazamientos, tareas domésticas, cuidados y descanso? Lo cierto es que los profesionales de la participación dedicados a promover este tipo de eventos sí consideran en ocasiones esa dificultad. De hecho, en algunos casos de presupuestos participativos, los dinamizadores se adaptan a los horarios de tarde-noche cuando hay mayor disponibilidad para ir a una asamblea, incluso llevan a cabo la facilitación durante los fines de semana, evitando el posible conflicto de horarios con el personal de administración (Sintomer y Ganuza, 2011).  También la elección de los lugares de reunión se aproxima al espacio de residencia (el barrio y los Centros Cívicos) para acercar la actividad participativa a la cotidianidad de los vecinos. Pese a ello, la preocupación sobre la conciliación persiste en esta y otras actividades de implicación social (Roca y Bermúdez, 2018).

Problematizar la conciliación como barrera de acceso

Tanto desde la teoría de género como desde el análisis de la desigualdad social se ha examinado ampliamente este problema como un conflicto entre “el capital y la vida” (Pérez-Orozco, 2014),  en el sentido de que las dinámicas dominantes de trabajo productivo y reproductivo entorpecen la posibilidad de una implicación política activa. Los estudios de género han sido espacialmente sensibles a este tema. Así, por ejemplo, García Escribano (2011) mostraba que la brecha de género en la concurrencia electoral casi ha desaparecido pero se mantiene -reducida con respecto al pasado- la brecha en otras actividades como asistir a manifestaciones, huelgas u organizarse en asociaciones, sindicatos o partidos. Esa brecha tiene mucho que ver con la mayor carga de trabajo doméstico que acarrean las mujeres (Tormos y Verge, 2009: 17). Cuando hablamos de implicación socio-política, la conciliación aparece como una condición ineludible.

En los estudios sobre mecanismos institucionales, el problema de la conciliación también emerge como una complicación que sufren tanto hombres como mujeres, especialmente aquellos con jornadas laborales extensas. En una investigación sobre el rechazo a participar en foros deliberativos estatales (Jacquet, 2017), los entrevistados mencionaban como principales causas su dedicación a otras actividades (escaso tiempo para la familia o libre del trabajo) o los conflictos de agenda (por otras actividades concurrentes como el empleo). Como subraya Jacquet, “se quejaban por la falta de tiempo para cuidar de sus hijos o simplemente para descansar” (p. 648). Martínez (2015: 164) mostraba también cómo la sub-representación de mujeres casadas entre las bases del presupuesto participativo de Porto Allegre se debía, según ellas mismas, a que los horarios de reunión no les permitirían cuidar de sus parientes. Las obligaciones laborales y del trabajo reproductivo son invocadas como causas para no participar.

En otro trabajo realizado recientemente en el IESA-CSIC sobre participación en consejos locales, regionales y estatales,[1] algunos miembros también apuntaban al inconveniente de compaginar sus empleos, la implicación en estos espacios y las labores requeridas para realizar una participación de calidad (por ejemplo, leerse informes, normativas, investigaciones, elaborar las propuestas, etc.). Uno de los entrevistados explicaba: “en el consejo de ciudad lo llevo fatal y en el de medio ambiente bueno… Los problemas de tiempo y de acomodar la situación personal con estas reuniones, ¿no? Porque las del consejo de ciudad son una vez al mes y, además, son tarde y muy largas, con lo cual es complicado de llevar. La conciliación… no hay unos mecanismos de participación adaptados para personas que tengan poco tiempo. Eso lleva a que algunos consejos sean el hogar del pensionista…” Las personas con cargas familiares y en activo laboral hacen grandes sacrificios para mantener su compromiso.

Las evidencias son recurrentes: en las investigaciones se problematiza la conciliación sobre todo de la vida personal y familiar, quizás menos la derivada del empleo como si esta fuese un fenómeno inevitable. Son cuestiones que siempre reaparecen a la hora de hablar sobre participación. Urge, por tanto, que este problema sea incorporado porque, si lo obviamos, cabe la posibilidad de que los mecanismos participativos resulten inaccesibles para amplios sectores de la población.

Repensar la participación

La literatura y las experiencias conocidas ofrecen, no obstante, algunos dispositivos de conciliación interesantes. En este apartado mencionaré algunos solamente de cara a la reflexión. En primer lugar, como hemos visto, emerge de manera clara el problema de compaginar una implicación comunitaria activa y la jornada laboral de 8 horas, con frecuentes desplazamientos, situaciones de agotamiento físico y mental, presiones hacia una mayor productividad, rotaciones y formas contractuales precarias que no aportan arraigo. Evidentemente, una jornada laboral de menos horas y una mayor estabilidad sería un marco más favorable para fomentar (e invitar a) la participación. Pero, aparte de esto, podríamos imaginar la instauración de algún tipo de permiso remunerado para la realización de estos compromisos participativos, al igual que existe para ir a votar en algunos países, para la acción y la representación sindical o, en el caso de representantes municipales, para realizar tareas ligadas a su cargo. No resulta descabellado pensar que una invitación coherente a participar por parte de las autoridades, podría llevar aparejada alguna medida de este calibre.

Respecto a la conciliación con el trabajo reproductivo, están las propuestas clásicas de servicio de cuidados que se ofrece en algunos espacios. Si bien esta idea está más extendida en los movimientos sociales, se podría importar también a los mecanismos institucionales. En algunos casos de presupuestos participativos se ofrecen, por ejemplo, aulas para el cuidado o recreativas para niños dinamizadas por profesionales (Allegretti y Falanga, 2016). En mi experiencia como dinamizadora e investigadora no he encontrado servicios de este tipo, tampoco conocemos su efectividad real (Martínez et al. 2017: 294).

También habría que repensar la organización de los eventos participativos desde ese punto de vista. Para ello, no solo es necesario adaptar los horarios y los lugares en consonancia con las pautas laborales y residenciales, también las propuestas de facilitación y moderación concienzudas pueden contribuir a aligerar las reuniones, haciendo más fácil compaginar los ya intensos horarios con reuniones ágiles, concisas y resolutivas. En un libro publicado recientemente sobre mujeres sindicalistas, muchas de ellas remarcaban este hecho decisivo: el carácter resolutivo de las reuniones era fundamental para poder mantener sus compromisos (Roca y Bermúdez, 2018: 133): “Hay que tomar decisiones. ¿Quién va a tomar nota? Porque si no, nos hemos hartado de charlar y nadie ha tomado y […] En el sentido de economizar el tiempo que tienes para dedicarlo a otras realidades, a tu familia”.

Los ejemplos mencionados son solo algunas pistas que pueden ayudar a pensar por dónde puede ir la conciliación de esas facetas vitales. Teniendo en cuenta los llamamientos crecientes a la implicación que propugnan las distintas administraciones y otros agentes políticos y asociativos, se hace necesario preguntarnos hasta qué punto esa extensión de la llamada participativa va pareja de un aumento efectivo de las posibilidades reales de participar.

Bibliografía:

Allegretti, G., & Falanga, R. (2016). Women in Budgeting: A Critical Assessment of Participatory Budgeting Experiences. En C. Ng (ed.), Gender Responsive and Participatory Budgeting, Springer: Briefs in Environment, Security, Development and Peace 22. Doi 10.1007/978-3-319-24496-9_3.

Escribano, J. J. G. (2011). El sexo excluido: mujer y participación política. Psicología Política, 42, 13-27.

Font, J., Navarro, C., Wojcieszak, M., & Alarcón, P. (2012). ¿Democracia sigilosa en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas  (CIS) (col. Opiniones y Actitudes 71).

García-Espín, P., Ganuza, E., & De Marco, S. (2017). ¿Asambleas, referéndums o consultas? Representaciones sociales de la participación ciudadana: Assemblies, Referendums or Consultations? Social Representations of Citizen Participation. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 45-64.

Jacquet, V. (2017). Explaining non‐participation in deliberative mini‐publics. European Journal of Political Research, 56(3), 640-659.

Marín, R. T., & Mestre, T. V. (2009, Septiembre). Gender Gap’s Endurance in Political Attitudes: The Role of Individual Resources, Situational Factors and Socialization. Paper presentado en el IX Congreso de la AECPA.

Martínez Palacios, J. (coord.) (2017): Participar desde los feminismos. Ausencias, expulsiones y resistencias, Madrid, Icaria.

Roca, B., & Bermúdez, E. (Eds.). (2018). Historias silenciadas: las mujeres en el movimiento sindical desde 1960 (Vol. 236). Madrid, Los Libros de la Catarata.

McHugh, D. (2006). Wanting to be heard but not wanting to act? Addressing political disengagement. Parliamentary affairs, 59(3), 546-552.

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid, Traficantes de sueños.

Sintomer, Y., & Ganuza, E. (2011). Democracia participativa y modernización de los servicios públicos: Investigación sobre las experiencias de presupuesto participativo en Europa. Ámsterdam, París, La Découverte. 

[1] Blog del proyecto Assodem: https://associativedemocracy.wordpress.com/the-project-2/.

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